La ley SOPA bloquearía el acceso a cualquier sitio que infringiera derechos de autor y obligaría a los proveedores de acceso y buscadores a monitorizar contenidos.- Una agencia del Gobierno advierte que pone en peligro la seguridad de Internet.
El debate en el Congreso de EE UU de una proposición de ley
para bloquear los sitios que alberguen u ofrezcan sin permiso contenido
protegido por derechos de autor subleva a la comunidad de Internet.
Tanto grandes corporaciones como grupos civiles y profesores de Derecho
han remitido cartas advirtiendo de los peligros de la ley. El último
nombre por la que se conoce este proyecto es el de SOPA ( (Stopping
Online Piracy Act). También ha sido identificado como Protect IP Act o
E-Parasite Act y tiene el apoyo de la industria de los contenidos.
De prosperar la ley, supondría el bloqueo de los sitios, tanto
domésticos como de fuera de Estados Unidos, que difundieran música,
películas o programas sin haber obtenido la licencia para ello. El
bloqueo obligaría a los proveedores de contenido, pero también a los
registradores de dominios e incluso a servicios de intermediación en el
pago, como PayPal, que deberían paralizar las transferencias. A ello se
añade que buscadores y proveedores de acceso deberían mantener una
actividad de filtrado. También se perseguiría a quien incluya anuncios
en los citados sitios.
La última reacción en contra del proyecto
procede de una agencia del Gobierno de Estados Unidos, vinculada al
departamento de Energía, Sandia National Laboratories. Según su
director, la ley no sería efectiva y tendría un impacto negativo en la
ciberseguridad global y la funcionalidad de Internet.
Electronic
Frontier ya ha manifestado su preocupación ya que supondría la creación
de una lista negra de dominios y la alteración del sistema de gestión de
los mismos. Por otra parte, la ley afectaría a servicios como Tor que
ofrecen la navegación anónima y que son utilizados por disidentes en
países que censuran Internet y persiguen la libertad de expresión. En
Numerama un testimonio se refiere a la ley como una nueva muralla digital.
Sus defensores alegan que se trata de aplicar la ley y proteger la
creación de empleo en la industria audiovisual e informática.
La
inquietud que despierta este proyecto se evidencia en la publicación de
cartas abiertas, todas con fecha del 15 de noviembre, de distintos
colectivos. Una de ellas está suscrita
por Google, Facebook, Yahoo, eBay, Twitter, LinkedIn, Mozilla y Zynga,
entre otros,en la que denuncian que presionar a los proveedores de
acceso para monitorizar la actividad de sus clientes puede suponer una
grave invasión de la privacidad. Estas empresas han publicado una página de publicidad en The New York Times manifestando su preocupación por el contenido del proyecto.
También asociaciones de otros países se han movilizado y suscriben otra carta
que firman, entre otros, European Digital Rights, Free Software
Foundation, Quadrature du Net, Open Rights Group y Reporteros sin
Fronteras.
La última carta es de profesores de Derecho
que denuncian las graves deficiencias constitucionales de la
proposición y la ruptura de una política de defensa de la libertad de
expresión que perjudicará la imagen del país en el resto del mundo.
Desde
octubre hay abierta una petición para que la Administración Obama
intervenga. Para que la administración la examine debe alcanzar las
25.000 firmas. Tambièn en Internet hay una carta abierta, Salvemos Internet,
dirigida a los congresistas para que paralicen esta ley. Se pide que
Estados Unidos mantenga este pilar de la democracia que es Internet. Ya la han suscrito más de 300.000 internautas de todo el mundo.
EE UU ya ha bloqueado de hecho sitios que considera infringen la propiedad intelectual. Una de estas acciones afectó al sitio español rojadirecta.
Fuente: EL PAÍS - Barcelona - 18/11/2011
