El Senado debate la ley que garantiza la banda ancha de un mega para todos - Las operadoras se resisten a financiar la totalidad del proyecto
Todo el mundo, habite donde habite, tiene derecho a poder
contratar una línea telefónica. Y a tener una cabina en su pueblo, por
más remoto que se encuentre. E incluso a figurar en una guía telefónica
si así lo desea. Pero en la era de Google y Facebook tener acceso a
Internet no es todavía un derecho, al menos en España. El llamado
servicio universal garantiza a los ciudadanos, independientemente de su
lugar de residencia, una serie de servicios mínimos de
telecomunicaciones. Internet está a punto de entrar en esos mínimos
aunque habrá que esperar al menos un año.
El Gobierno, que había prometido que toda la población tendría
garantizada por ley la conexión a Internet el 1 de enero de este año a
una velocidad mínima (bajada) de 1 megabit por segundo (Mbps), ha dado
un paso atrás -el Ministerio de Industria de Miguel Sebastián niega
tajantemente la palabra rectificación- y ha ampliado el plazo al 31 de
diciembre de 2011.
La reforma histórica se ha introducido en la Ley de Economía Sostenible (LES), pero ha pasado desapercibida porque la llamada ley Sinde,
también incluida en una disposición de la LES, que trata de perseguir a
las páginas de descargas de películas y música, ha acaparado todo el
protagonismo. La normativa pasará al Senado la semana que viene y, a la
espera del reglamento que la desarrolle, será una realidad a
lo largo de
este año. De esta forma, cualquier ciudadano, aunque viva en una aldea
perdida, tendrá derecho a reclamar a la Administración si no le dan la
posibilidad de contratar una línea de banda ancha (el servicio universal
solo garantiza la contratación a un precio adecuado, no la gratuidad).
El
asunto no es baladí. Primero, porque hay 536.000 hogares en España que
no tienen la posibilidad de conectarse a Internet más que a la ridícula
velocidad primigenia de 56 kbps, la que ofrece la línea telefónica del
par de hilos de cobre sin más (la llamada banda estrecha). Y segundo, y
no menos importante, porque hay una trifulca considerable entre los
operadores entre sí, y entre todos ellos y el Gobierno por saber quién
costeará ese servicio universal cuyo importe nadie se atreve a cifrar.
Lo único que se sabe es que el Estado, como ya ha dicho Industria, no
correrá con el gasto y lo distribuirá entre las compañías.
La
discriminación del internauta no es exclusiva en España. La Unión
Europea no dispone de ninguna legislación al respecto y se ha limitado
hasta el momento a fijar objetivos en sus sucesivas Agendas Digitales,
que la mayoría de los Veintisiete han incumplido sistemáticamente. Para
paliar esa laguna, la Comisión Europea prepara una directiva que
incorpore Internet al servicio universal. La situación es tan desigual
por países que las propuestas, que se harán en los próximos tres meses,
pueden quedar al final más en una declaración de intenciones que una
normativa concreta.
Maite Arcos, directora general de Redtel, la
asociación que agrupa a los principales operadores (Telefónica,
Vodafone, Orange y Ono) aclara que el servicio universal puede
financiarse, de acuerdo con la actual normativa europea, con cargo a
fondos públicos o a cargo de las empresas del sector. Y únicamente en
siete países de la UE, entre los cuales figura España, han elegido esta
segunda fórmula. "No existe un servicio universal en electricidad o en
agua ni en el servicio postal, cuya ley de servicio universal acaba de
ser aprobada el 30 de diciembre, pero financiado por el presupuesto
público. Estamos dispuestos a ayudar a prestar esta obligación pero
siempre que la financiación también sea pública".
Los países
emergentes también se están concienciando de que una de las claves de su
despegue es "Internet para todos". El camino es lento. En
Latinoamérica, solo Chile con su Estrategia Digital 2007-2012,
parcialmente México (Agenda de Conectividad) y ahora Brasil tienen
planes concretos para llevar la banda ancha a todos los lugares. El caso
del país carioca es singular. Primero Lula da Silva y luego su
sucesora, Dilma Rousseff, están dispuestos a garantizar el acceso a la
Red a la última favela aunque tengan que resucitar el antiguo monopolio
público (Telebrás) ante el desinterés de los operadores privados, que
obtienen lucrativos beneficios con un servicio caro y de mala calidad en
los núcleos urbanos.
En España, el servicio universal vigente
está legislado en la Ley General de Telecomunicaciones de 2003
(desarrollada por el reglamento de 2005). Incluye las siguientes
obligaciones: acceso a una línea telefónica que no solo permita llamar
sino también navegar a "velocidad suficiente para acceder de forma
funcional a Internet" (banda estrecha); una guía que se actualice
anualmente; un número de información telefónica (11818), cabinas
públicas y ofertas o tarifas diferentes para jubilados y discapacitados.
En
noviembre de 2009, el ministro Miguel Sebastián aprovechó la feria de
contenidos digitales (Ficod) para anunciar la inclusión, como parte
integrante del servicio universal a partir del 1 de enero de 2011, de
una conexión de banda ancha a una velocidad de 1 mega (bajada),
garantizado las 24 horas del día. Y lo incluyó en el artículo 52 de la
LES, la ley estrella de Zapatero para salir de la crisis. Un año
después, a finales de noviembre de 2010, se aclaró que la obligación se
desplazaba hasta el 31 de diciembre de este año. Aunque el Ministerio lo
niegue, la rectificación es palpable si se tiene en cuenta que el
propio artículo de la LES fija que "antes del 1 de enero de 2011, se
aprobará el reglamento que establezca las condiciones de acceso de banda
ancha a la red pública". Y si ni siquiera se ha aprobado la ley, mucho
menos el reglamento.
Al margen de plazos, lo relevante es que ese
artículo fija una serie de condiciones que han pasado inadvertidas para
asociaciones de internautas y consumidores. La conexión podrá ser
provista a través de cualquier tecnología, es decir, que también podría
ser Internet móvil. Además, el Gobierno podrá actualizar por decreto
esta velocidad de acuerdo con "la evolución social, económica y
tecnológica".
El Ejecutivo se guarda también un as en la manga:
podrá fijar un precio máximo para las conexiones. De la redacción
ambigua del artículo no se sabe si podría determinar el abono mensual o
solo limitar lo que cuesta llevar la línea al domicilio, es decir, el
alta del servicio.
"El Gobierno llega tarde y encima lo hace mal.
No podemos hablar seriamente de Internet de calidad con un mega de
velocidad. Eso es una chapuza. El usuario ya no solo ve su correo
electrónico sino que tiene otros requerimientos, como el acceso a
contenidos audiovisuales. Y tampoco se asegura que ese servicio se vaya a
dar a unos precios razonables. Lo que debe hacer es fijar unos precios
de referencia, como ha hecho la UE con las llamadas al extranjero.
Tenemos uno de los precios más caros", dice Rubén Sánchez, portavoz de
la asociación de consumidores Facua.
Con todo, la normativa sitúa a
España en la avanzadilla de los países desarrollados en este terreno.
El dilema es que nadie quiere pagar la fiesta y menos en tiempos de
crisis. Para empezar, se desconoce el coste de llevar a Internet a todos
los hogares españoles. Ni Industria, ni la CMT, ni la patronal Ametic,
ni Redtel se atreven a dar cifras. Pero expertos independientes hablan
de cerca de 500 millones de euros en el despliegue de la red y no menos
de 30 millones anuales de mantenimiento, puesto que son zonas
deficitarias.
Por el momento, el peso recae sobre Telefónica.
Desde la liberalización de las telecomunicaciones en 1998, el antiguo
monopolio ha sido el encargado de prestar el servicio universal. Cada
año debe hacerse cargo en principio de este servicio y luego la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) decide cómo se reparte
entre los operadores. Hasta ahora, Telefónica solo recupera alrededor el
30% de lo invertido, que le abonan Vodafone y Orange. El resto de los
operadores no paga.
Para 2008, último ejercicio sobre el que se
han hecho los cálculos, el coste fue de 74,85 millones. Si se añade la
banda ancha a esas obligaciones el coste podría dispararse por encima de
los 100 millones de euros. A ningún operador le interesa el servicio
universal, cuyo concurso queda desierto convocatoria tras convocatoria.
Así que el Gobierno ha tenido que volver a imponer a Telefónica que se
haga cargo hasta el 31 de diciembre de 2011. De hecho, la situación se
puede prolongar indefinidamente, ya que una vez que se apruebe la ley y
el reglamento, Industria tendrá que sacar un concurso del nuevo servicio
universal. Y todo apunta a que volverá quedará desierto.
No
obstante, el Ministerio de Industria acaba de asegurarse otro
instrumento para hacer posible su objetivo. Va a obligar a Vodafone y a
Movistar a invertir 240 millones de euros en dos años en el despliegue
de redes móviles de última generación (3,5G) que permite velocidades de
hasta 40 Mbps. Esta será una de las condiciones que impondrá en la
adjudicación de las nuevas frecuencias que tiene previsto realizar en el
primer semestre. Y también lleva su polémica.
"El servicio
universal es un concepto del pasado que tiene su origen cuando se tenía
que asegurar que todo el mundo tuviera una conexión telefónica. Ahora
con el móvil todo eso ha cambiado. Si se tiene que legislar, lo primero
que hay que hacer es decidir sobre la financiación. Y el modelo que se
ha vuelto a elegir el Gobierno es el más caro y no el más idóneo. Poner
un catálogo de mínimos para todo el mundo y que paguen los operadores, a
los que se carga con todo tipo de impuestos arbitrarios como el canon
de la publicidad en la televisión pública. Lo mejor sería de detectar
empíricamente quién no puede acceder a la banda ancha y por qué y tratar
de solucionar esos casos concretos", señala Pedro Peña, director
jurídico de Vodafone.
Los operadores españoles han realizado un
esfuerzo inversor de más de 31.000 millones, según Redtel, que asegura
que el 88% de los internautas disponen de 2 Mbps o más de velocidad de
banda ancha, cuando la media europea está en el 75%. "Es cierto que
siguen existiendo personas o áreas que aún no están incluidos en la
sociedad de la información, pero el instrumento adecuado no es aumentar
las obligaciones de las empresas en una coyuntura económica adversa,
sino programas de formación digital (más del 50% de los no internautas
siguen respondiendo que no usan Internet porque no les interesa o no
saben usarlo) o de extensión de las redes de banda ancha a través de
ayudas públicas en colaboración con las comunidades autónomas. La
coyuntura económica del país no es la más adecuada para tirar con
pólvora de rey", indica Arcos.
El director de operadores de
Ametic, Javier García, va más allá y opina que ampliar las obligaciones
del servicio universal puede obstaculizar la competencia y frenar la
innovación. "No se trata de un problema de oferta dado que la cobertura
de banda ancha es cercana al 96% de la población. Existe una proporción
muy elevada de usuarios que teniendo acceso a la red no adoptan la banda
ancha. La financiación del servicio universal debería quedar
contemplada bajo presupuestos públicos, ya que cualquier otra
posibilidad lleva a una distorsión injustificada del mercado".
El
Gobierno defiende su ley. "Si bien Finlandia ha sido la primera en
introducir la conexión de 1Mbps, España es el segundo país de la UE en
incorporar esta velocidad", señala un portavoz de Industria. Ahora solo
queda decidir quién se encarga de hacerlo y, sobre todo, de pagarlo.
El mapa de la banda ancha
- En España hay 10,5 millones de líneas de banda ancha (CMT,
noviembre 2010). Se estima que medio millón de hogares no disponen de la
posibilidad de contratar banda ancha, alrededor del 4% de las líneas.
Telefónica cifra la cobertura en el 98,8%.
- El 8,5% de los
conectados navega a velocidades inferiores a 2 megas; el 60% lo hace a
velocidad media (entre 2 y 10 megas) y el resto a más de 10 megas.
- La penetración de Internet es del 22,2 líneas por cada cien habitantes, frente al 24,2% de la media de la OCDE (junio 2010)
- Las tarifas de la conexión más habitual (entre 2 y 10 megas) son un 21,5% más caras en España que en la media de la UE.
-
El coste del servicio actual es de 74,8 millones (2008), pero sin
incluir Internet. En 2007, el 70% corrió a cargo de Telefónica y el otro
30% de Vodafone y Orange.
- El Senado tramita la norma del
servicio universal, contenida en la LES. Una vez que se apruebe por
ambas Cámaras, Industria tendrá que desarrollar el reglamento y convocar
un concurso. Ningún operador ha mostrado interés, por lo que puede
quedar desierto. Y el Gobierno lo adjudicaría por decreto.
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