Las gestoras de derechos y la industria tecnológica vuelven a sentarse frente a frente para la revisión bianual del gravamen por copia privada.
Ding. Segunda vuelta de uno de los enfrentamientos
que más pasiones ha desatado en los últimos tiempos: la guerra del canon
digital, ese gravamen que se cobra a todo el que adquiera dispositivos
capaces de almacenar y reproducir contenidos protegidos por las leyes de
derechos de autor. Caras conocidas gestoras de derechos, con la SGAE a
la cabeza, por un lado, e industria tecnológica, por otro sentados de
nuevo a... ¿negociar? No exactamente.
Aunque ambas partes
aseguraban ayer, tras su primer encuentro en el Ministerio de Industria
(con el Ministerio de Cultura también presente, claro está), que así es,
que para la revisión bianual del canon que fija la ley han formado los
dos grupos de trabajo conocidos (reprografía por un lado y audiovisual y
audio por otro) y han fijado un calendario de reuniones que empieza la
semana que viene, las gestoras guardan un as en la manga que, según ha
sabido Público, no van a dudar en exhibir si la cosa se pone fea: la ley.
Se revisará la lista de dispositivos afectados y la cuantía:
La
revisión de la normativa sobre propiedad intelectual que entró en vigor
el 1 de julio de 2008 estableció que la recaudación a través del canon
por copia privada debía reportar a las gestoras de derechos entre 110 y 118 millones de euros al año.
De no alcanzarse esta cifra, el canon tendría que aumentarse cuando,
dos años después de su entrada en vigor, se revisase la lista de
dispositivos afectados y la cuantía de canon con que cada uno es
gravado. Si para entonces ha pasado algo que provoque una reducción de
estos ingresos, habrá que subir el canon o incrementar el número de
dispositivos afectados, fue el espíritu de la norma.
Sí, ha pasado
algo. Por un lado, la crisis ha hecho que la recaudación total ronde
los cien millones de euros, sensiblemente por debajo de lo establecido
debido concretamente a la menor recaudación por derechos de reprografía.
Pero
además Europa le ha dicho al Gobierno que se le ha ido la mano con la
normativa del canon. El Tribunal de Justicia de la UE sentenció a
finales de octubre que el gravamen español viola la normativa
comunitaria al aplicarse de forma "indiscriminada" a "personas distintas
de las personas físicas para fines ajenos a la copia privada". Es
decir, que no se ajusta al derecho europeo aplicar el canon a empresas y
administraciones públicas.
Dos grupos de trabajo se reunirán desde la próxima semana:
España
aún no ha cambiado una coma de la ley para adaptarse a la sentencia de
Luxemburgo, pero en el Gobierno ya han reconocido que es ineludible
afinar el mecanismo. Problema: diversas estimaciones aseguran que más de un 40%
de la recaudación por canon procede de la Administración pública.
¿Cuánto habría que incrementarlo para mantener la cifra fijada por ley?
¿Qué nuevos dispositivos habrá que añadir a la lista?
Estas
preguntas son la clave de la petición que las gestoras trasladaron ayer a
la industria. "La sentencia del Tribunal europeo dice que quedarán
exceptuadas del pago las empresas jurídicas que manifiestamente no hagan
copia privada", explicó ayer a este periódico el portavoz de las
gestoras de derechos, Rafael Sánchez. "Pero no es tan fácil definirlo.
Queremos saber la opinión de la industria sobre cuándo se dan esas circunstancias".
Luego,
en función de lo que se puedan reducir los ingresos, todas las
posibilidades están abiertas "Las cuantías totales a recaudar están
fijadas en la ley" y "no se puede cambiar la ley a mitad de partido.
Habrá dispositivos que desaparecerán de la lista, otros nuevos que se
añadirán y que ahora tienen una presencia muy inicial en el mercado. A
lo mejor subir tarifas no es necesario, pero hay que aumentar la comercialización en unidades de algunos equipos", añadió Sánchez.
Las partes implicadas tienen cuatro meses para llegar a un acuerdo:
La
opinión de la industria está en las antípodas de las intenciones de las
gestoras. Según José Pérez, portavoz de Ametic presente en el encuentro
de ayer, no se pueden ligar las repercusiones de la sentencia europea
con la revisión actual del canon.
"La sentencia de Luxemburgo no
se puede aplicar porque, lamentablemente, no hay aún adaptación
normativa y hay que seguir pagando el canon". Pérez, aunque reconoció
que "es probable que las gestoras utilicen ese argumento a lo largo de
la negociación", recordó que "el principio que establece por ley una
cuantía mínima a recaudar al año está recurrido en los tribunales y
visto para sentencia", por lo que podría ser anulado.
Unas cuentas que siempre dan el mismo resultado
El canon de 2008:
Parece
que fue ayer cuando España se despertó teniendo que pagar 1,10 euros de
sobreprecio en los móviles con capacidad de reproducir música; 3,15
euros por los reproductores de mp3; 12 euros por los discos duros
externos; 0,17 euros por los CD grabables; 0,44 euros por los DVD y 0,30
euros por las memorias USB. Fue el 1 de julio de 2008 cuando entró en
vigor la revisión de la normativa sobre propiedad intelectual. Además se
estableció que, a partir del 1 de julio de 2009, se empezaría a pagar
12 euros de canon por los descodificadores de la señal de televisión
digital terrestre con disco duro integrado.
La recaudación fijada:
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