El trámite parlamentario de la ley Sinde coronó ayer un hito
importante: su paso por el Senado, donde fue aprobada por la mayoría de
los grupos parlamentarios, entre ellos el PSOE, el PP y CiU. Salió
adelante con 244 votos a favor y 12 en contra. La norma para poner coto
en Internet a las descargas sin autorización de contenidos protegidos
por derechos de autor regresará, según ha declarado la ministra de
Cultura, Ángeles González-Sinde, en cuatro semanas al Congreso de los
Diputados (donde fue tumbada en diciembre). Pero ahora lo hará
modificada tras el acuerdo entre los grupos citados, que han introducido
enmiendas para garantizar la intervención judicial durante todo el
proceso de cierre de una web. La ley Sinde está contenida en la Ley de Economía Sostenible (LES).
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En el debate celebrado en la Cámara Alta el senador del PP, José
María Chiquillo, señaló que las modificaciones sustanciales se deben
todas a su partido. Chiquillo subrayó el hecho de que el Gobierno se
comprometa a que, en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en
vigor de la norma, la aplicación del llamado canon digital (la tasa que
grava cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un
archivo) se armonizará con la reciente sentencia del Tribunal de
Luxemburgo. Para el PP esta armonización es "un tránsito para acometer
la suspensión del canon por ser abusivo e ilegal".
Sin cheque en blanco
El
senador popular hizo hincapié en la labor del PP para la introducción
de una "doble garantía" judicial en el proceso de cierre de una web y
añadió que "González-Sinde no lo tenía nada claro". "Esto no es un
cheque en blanco para el Gobierno", apostilló.
Dos voces
discordantes se escucharon en la Cámara Alta: las intervenciones de los
autores de dos votos particulares contra la norma. Uno, del miembro del
Partido Socialista de Mallorca (PSM), Pere Sampol, y otro de José Manuel
Pérez Bouza (BNG). Sampol justificó su voto diciendo que la ley Sinde
no contenta a nadie y Pérez Bouza la calificó de "parche" y añadió: "Se
ha perdido una oportunidad de un gran pacto en torno a la propiedad
intelectual y la defensa de los creadores".
González-Sinde aseguró
a la agencia Efe que, tras ser aprobada en el Congreso a mediados de
marzo y desarrollar su reglamento, "los primeros casos" podrían
aplicarse para el verano.
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