Tendrá escasa incidencia en los usuarios que bajan contenidos protegidos.
La aprobación definitiva de la ley Sinde por el Parlamento ha abierto
muchas incógnitas de cómo afectará esta nueva normativa a los usuarios
de Internet, en particular a aquellos que utilizan la Red para bajar
contenidos protegidos por derechos de autor, como películas, música,
videojuegos o libros.
-¿Corren algún peligro los usuarios que bajan contenidos protegidos?
-A diferencia del Reino Unido o Francia, donde las legislaciones sí
actúan en contra de los internautas que usan estos archivos de forma
masiva, cortándoles el servicio de Internet, en España la ley Sinde no
criminaliza a los usuarios, pues va dirigida hacia las páginas web que
se lucran con esta actividad.
-¿A quién afecta la nueva ley?
-A los prestadores de servicios de la sociedad de la información, es
decir, a las personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad
mercantil (con ánimo de lucro) en la Red, como pueden ser las páginas de
enlaces del tipo Series Yonkis, Películas Yonkis, Cine Tube y Vagos,
entre otras muchas. Cualquier bloguero individual que no tenga
publicidad en su blog está fuera del ámbito de aplicación
de esta norma.
Sin embargo, algunos juristas señalan que la vaguedad de la ley deja la
puerta abierta al cierre de cualquier página o blog en que se ponga un
enlace que vulnere los derechos de propiedad intelectual.
-¿Cuándo comenzará a aplicarse esta ley?
-Como pronto en verano, pues antes es necesario que el Ministerio de
Cultura desarrolle el reglamento que establece el funcionamiento de las
dos secciones de la Comisión de Propiedad Intelectual, organismo que,
previa denuncia, llevará ante el juez a las páginas que vulneren los
derechos de autor.
¿Será efectiva o los usuarios podrán seguir bajando este tipo de contenidos?
-Aunque la Comisión de Propiedad Intelectual lograra cerrar todas las
páginas web de enlaces, los internautas podrán seguir bajando películas y
demás archivos protegidos mediante las redes de intercambio P2P, que no
están afectadas por la nueva ley. Intentar acabar con aplicaciones como
eMule, Ares o Bit Torrent sería muy complicado desde la legislación
española, puesto que la mayoría de los servidores son extranjeros. El
cierre o bloqueo de estas webs de enlace puede dificultar la
localización de algunos contenidos en un programa de intercambio de
ficheros, pero no hace que esos archivos desaparezcan de la Red. Es más,
cualquier buscador tipo Google, Yahoo o Bing también encuentra estos
contenidos.
-¿Qué pasará con los servicios de descarga directa?
Esos servicios, como Radipshare o Megaupload, entre otros muchos, se
encuentran en una situación muy parecida a la de los programas de
intercambio de ficheros P2P. La ley no va dirigida contra estos
servicios, por lo que es bastante improbable que dejen de funcionar. Lo
único que se puede hacer, del mismo modo que en webs como YouTube, es
solicitar que se retire determinado contenido protegido con derecho de
autor. La opción de reclamar que las operadoras bloqueen, previo permiso
judicial, el acceso a estos servicios sería una forma de censura que no
está contemplada en la ley.
-¿Tiene importancia que el servidor de la web esté en España o en el extranjero?
-La Ley de la Sociedad de la Información establece que el ámbito de
aplicación serán las webs establecidas en España o en un Estado de la
Unión Europea o del espacio económico europeo, cuando afecten a la
propiedad intelectual. También se podrá actuar contra las que estén en
terceros países cuando sus servicios se dirijan específicamente al
mercado español. Además, se puede ordenar la interrupción del servicio a
las operadoras, mediante el bloqueo de la dirección IP (la identificación de la web) para el territorio español.
-¿Cómo afectará la ley a las webs de enlace?
-Numerosos juristas señalan que la Comisión no podrá cerrar las webs que
ya han sido enjuiciadas y absueltas por los tribunales, puesto que los
jueces han determinado que su conducta no vulnera la propiedad
intelectual. En una situación parecida se encuentran las que están en
medio de un procedimiento judicial por esta actividad, pues gozan ahora
del criterio de prejudicialidad.
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