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DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, para la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la Sociedad de la Información.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, para la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la Sociedad de la Información.
Uno. Se introduce una nueva letra e) en el art. 8.1.de la Ley
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información con el siguiente
tenor:
e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.
Dos. Se introduce un nuevo apartado segundo del artículo 8 Ley
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, con renumeración
correlativa de los actuales 2, 3, 4 y 5
2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se
refiere el apartado anterior, con el objeto de identificar al
responsable del servicio de la sociedad de la información que está
realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información la
comunicación de los datos que permitan tal identificación a fin de que
pueda comparecer en el procedimiento. Los prestadores estarán obligados
a facilitar los datos de que dispongan.
Tres. Se introduce una Disposición Adicional quinta en el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril con la siguiente redacción:
El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará
por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su
vulneración por los responsables
de servicios de la sociedad de
información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes
de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información.
Cuatro. Se modifica el art. 158 del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril con la siguiente redacción:
Artículo 158. Comisión de Propiedad Intelectual
1. Se crea en el Ministerio de Cultura, la Comisión de Propiedad
Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el
ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los
derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley.
2. La Comisión actuará por medio de dos Secciones. La Sección
Primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye
la presente ley. La Sección Segunda velará, en el ámbito de las
competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los
derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los
responsables de servicios de la sociedad de información en los términos
previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información.
3. Corresponde a la Sección Primera el ejercicio de las funciones de
mediación y arbitraje de acuerdo con las siguientes reglas:
1º. En su función de mediación:
a. Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento de las partes, para el caso de que no llegue a celebrarse un contrato, para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión, por falta de acuerdo entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.
b. Presentando, en su caso, propuestas a las partes. Se considerará
que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el párrafo
anterior, si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres
meses. En este supuesto, la resolución de la Comisión surtirá los
efectos 97 previstos en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de
Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional civil. La
propuesta y cualquier oposición a la misma se notificará a las partes,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El procedimiento mediador, así como la composición de la Comisión a
efectos de mediación, se determinarán reglamentariamente, teniendo
derecho, en todo caso, a formar parte de la misma, en cada asunto en que
intervengan, dos representantes de las entidades de gestión de los
derechos de propiedad intelectual objeto de negociación y otros dos de
las empresas de distribución por cable.
2º. La Comisión actuará en su función de arbitraje:
a. Dando solución, previo sometimiento de las partes, a los conflictos que, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, puedan producirse entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios de su repertorio o entre aquéllas y las entidades de radiodifusión. El sometimiento de las partes a la Comisión será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.
b. Fijando una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, a los
efectos señalados en el apartado 2 del artículo anterior, a solicitud
de una asociación de usuarios o de una entidad de radiodifusión,
siempre que éstas se sometan, por su parte, a la competencia de la
Comisión con el objeto previsto en el párrafo a de este apartado.
3º. Reglamentariamente se determinarán, para el ejercicio de su
función de arbitraje, el procedimiento y composición de la Comisión,
teniendo derecho, en todo caso, a formar parte de la misma, en cada
asunto en que intervengan, dos representantes de las entidades de
gestión y otros dos de la asociación de usuarios o de la entidad de
radiodifusión.
La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo
para las partes. Lo determinado en este apartado se entenderá sin
perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante,
el planteamiento de la controversia sometida a decisión arbitral ante
la Comisión impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de la misma,
hasta tanto haya sido dictada la resolución y siempre que la parte
interesada lo invoque mediante excepción.
4. Corresponde a la Sección Segunda, que actuará conforme a los
principios de objetividad y proporcionalidad, el ejercicio de las
funciones previstas en los artículos 8, 11 y concordantes de la Ley
34/2002, para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual
frente a su vulneración por los responsables de servicios de la
sociedad de información.
La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la
prestación de un servicio de la sociedad de la información o para
retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte
de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien
pretenda causar un daño patrimonial.
La ejecución de estas resoluciones, en cuanto puedan afectar a los
derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución,
requerirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contenciosos Administrativa.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso,
pudieran corresponder a los titulares de los derechos de propiedad
intelectual. Reglamentariamente se determinarán la composición y
funcionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de
las funciones que tiene atribuidas.
Cinco. Se modifica el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
numerando su texto actual como apartado 1 y añadiendo un apartado 2, con
el contenido siguiente:
2. Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo contencioso
administrativo autorizar, mediante auto, la ejecución de la resoluciones
adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se
interrumpa la prestación de servicios de la información o para que se
retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, adoptadas en
aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información.
Seis. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 80 de la
Ley 29/1998, de 13 de abril, reguladora de la Jurisdicción contencioso
administrativa, con el siguiente tenor:
d) Los recaídos sobre las autorizaciones previstas en el artículo 8.6 y en los artículos 9 y 122 bis.
Siete. Se introduce un nuevo artículo 122 bis en la Ley 29/1998, de
13 de abril, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa,
con el siguiente tenor:
1. La ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación
de servicios de la información o para que se retiren contenidos que
vulneren la propiedad intelectual, adoptadas por la Sección Segunda de
la Comisión de Propiedad Intelectual en aplicación de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información,
requerirá de autorización judicial previa de conformidad con lo
establecido en los apartados siguientes.
2. Acordada la medida por la Comisión, se solicitará del Juzgado
competente la autorización para su ejecución, referida a la posible
afectación a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de
la Constitución 3. En el plazo improrrogable de cuatro días siguientes a la
notificación de la resolución por la Comisión y poniendo de manifiesto
el expediente, el Juzgado convocará al representante legal de la
Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y
libertades afectados o a la persona que éstos designen como
representante a una audiencia en la que, de manera contradictoria, oirá
a todos los personados y resolverá mediante auto autorizando o
denegando la ejecución de la medida.
Ocho. Se modifica el apartado 5 de la Disposición Adicional Cuarta
de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa administrativa, con el siguiente tenor:
5. Los actos administrativos dictados por la Agencia de Protección
de Datos, Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, Consejo Económico y Social, Instituto
Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, la
Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, en única instancia,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE
JULIO, DEL PODER JUDICIAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La transcendencia de las medidas que se incluyen en la Ley de Economía Sostenible difícilmente podrían dejar de afectar a la tutela judicial que garantiza nuestra Constitución y que en su desarrollo se plasma de manera fundamental en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Así sucede, en concreto, con las medidas que buscan mejorar la
protección de la propiedad intelectual, que necesariamente han de pasar
la atribución de competencias a los jueces.
La opción que se ha considerado más ajustada en este terreno ha sido
la de atribuir esta competencia, regulada en la Ley de Economía
Sostenible, a los Juzgados Centrales de lo contencioso-Administrativo,
para lo cual se añade un nuevo apartado 5 al artículo 90 de la citada
Ley Orgánica.
Artículo Único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial. Se añade un nuevo apartado 5 del artículo 90,
con la siguiente redacción:
5. Corresponde también a los Juzgados Centrales de lo
contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, la ejecución
material de la resoluciones adoptadas por la Sección Segunda de la
Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación
de servicios de la información o para que se retire contenidos que
vulneren la propiedad intelectual, adoptadas en aplicación de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información.
Disposición final primera. Competencia estatal.
Esta ley orgánica se dicta en ejercicio de las competencias
atribuidas al Estado en los artículos 149.1. 5ª, 6ª y 9ª de la
Constitución.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley orgánica entrará en vigor a [...] de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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